La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública y solicitó que la causa sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.

El dictamen no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación esté cerrada. Por el contrario, el representante del Ministerio Público advirtió que todavía existen indicios de posibles irregularidades tributarias que deberán ser analizadas por otro fuero.

La presentación quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el planteo y dispone el traslado del expediente.

Por qué el fiscal no sostuvo la acusación por enriquecimiento ilícito

El eje de la evaluación de Pollicita fue determinar si el incremento patrimonial investigado se había producido durante el período en que Adorni ejerció funciones públicas, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

La defensa del exfuncionario explicó que una parte importante de los fondos cuestionados provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, varios años antes de su llegada al Gobierno.

Según esa versión, Adorni operó con ocho direcciones de autocustodia y la liquidación de esos activos le permitió obtener USD 591.544,61, que posteriormente habría conservado en efectivo.

La Fiscalía realizó verificaciones técnicas sobre las billeteras digitales. Las pericias confirmaron que la defensa tenía el control de las claves privadas al momento de la diligencia y que las direcciones registraban actividad durante el período señalado.

Sin embargo, los informes también advirtieron que la tecnología blockchain no permite identificar por sí sola quién controlaba esas billeteras años atrás ni reconstruir con certeza todas las operaciones.

Para Pollicita, las pruebas disponibles no permitieron refutar la explicación de Adorni ni demostrar que el dinero tuviera origen en un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita vinculada con su desempeño en el Estado.

Los gastos y movimientos patrimoniales que estaban bajo análisis

Durante la investigación, la Fiscalía había identificado erogaciones por USD 402.578,12. De ese total, USD 374.081,66 habrían sido abonados en efectivo.

También detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período investigado.

Entre las operaciones examinadas figuraban la compra de un terreno en el country Indio Cuá, las reformas de una vivienda, mobiliario, la adquisición de un departamento en Caballito, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.

La investigación también puso el foco en los préstamos privados utilizados para financiar algunas de esas operaciones y en los pagos realizados fuera del sistema bancario.

Las propiedades y las obras que generaron interrogantes

Uno de los inmuebles bajo análisis fue una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por USD 120.000, además de un pago de USD 5.000 por el ingreso al barrio privado.

Para concretar la operación, el matrimonio habría recurrido a un préstamo privado de USD 100.000, mientras que los USD 20.000 restantes fueron informados como un pago en efectivo.

También se investigaron las refacciones de la casa. El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado USD 245.000 en efectivo, sin emitir facturas. La defensa de Adorni rechazó esa cifra y sostuvo que las obras habían costado USD 175.000, financiados con ahorros anteriores.

Otra operación examinada fue la compra de un departamento con cochera en el barrio porteño de Caballito, realizada en noviembre de 2025 por USD 230.000. Según la documentación incorporada al expediente, USD 30.000 se habrían abonado en efectivo y los USD 200.000 restantes mediante una hipoteca privada.

La posible evasión impositiva seguirá bajo investigación

Aunque el fiscal entendió que no había pruebas suficientes para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito durante la función pública, identificó aspectos que podrían configurar irregularidades tributarias.

Entre ellos mencionó ingresos y ahorros que no habrían sido declarados durante años, tenencias de dólares fuera del sistema bancario, operaciones con criptomonedas y diferencias entre información patrimonial y registros fiscales.

La Fiscalía también pidió que se investigue el origen de los fondos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior liquidación de esos activos y la declaración de bienes ante los organismos tributarios.

Por ese motivo, solicitó que el expediente pase al fuero Penal Económico para analizar si existieron posibles delitos vinculados con Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.

También pidió investigar a otras personas vinculadas con las operaciones

El dictamen incluyó un pedido para que se examinen las conductas de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, además del contratista Matías Tabar, por operaciones que podrían haber quedado fuera del control impositivo.

Asimismo, Pollicita solicitó remitir actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones inmobiliarias investigadas.

La última palabra sobre el cambio de jurisdicción la tendrá el juez Ariel Lijo. Mientras tanto, la causa continuará abierta y el foco judicial se trasladará desde el presunto enriquecimiento ilícito hacia la posible existencia de maniobras de evasión tributaria.

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